Resumen: Pieza separada de los EREs de Andalucía. Acusación por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada. Agencia IDEA constituyó la empresa INVERCARIA. Préstamos concedidos por la empresa de capital riesgo INVERCARIA a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía, FIVA destinada a funcionar como portal de ferias virtuales, que fracasó. El Tribunal absuelve a los acusados porque el proyecto respondía a las finalidades propias de INVERCARIA, y no se ha demostrado que el proyecto no fuera viable. Principio acusatorio y derecho de defensa. Adaptación del escrito de acusación al contenido del Auto de Imputación. Objeto del proceso penal. La imputación. Declaración de los acusados después de la práctica de la prueba. No asistencia de los acusados a las sesiones del Juicio Oral. Acusado que se niega a declarar y lectura de sus declaraciones sumariales.
Resumen: No hay prueba de cargo que sostenga la creación de unos documentos que plasmen en su contenido la información que se facilitó al Ministerio de Hacienda, quedando únicamente probado que la información que se facilitó a la AEAT era irreal. La participación consistió en aportar la información falsa recogida en la aplicación establecida por el Ministerio de Hacienda para financiar y pagar las deudas a acreedores de las entidades locales que estuvieran pendientes de pago. Un documento electrónico de reclamación de la deuda, certificación de subsistencia de la misma y de aceptación de la financiación, que contó siempre con la correspondiente firma electrónica certificada como del Ayuntamiento. Los documentos presentados no son contrarios a que la recurrente fue quien introdujo en la aplicación informática del Ministerio de Hacienda la información falsa que permitió el pago de una deuda simulada. El delito de falsedad del artículo 390 exige, además de la mutación de la verdad, que se realice por autoridad o funcionario público que pueda extender el documento en el ejercicio de sus funciones y que lo aborde de tal modo que goce de aptitud para inducir a error sobre su autenticidad, siendo documento informático los datos que con eficacia probatoria o relevancia jurídica confeccione un funcionario que maneja y tiene el control de realizar o poner en marcha los mecanismos magnéticos o informáticos de la Administración, considerando lo dispuesto en el artículo 26 del Código Penal.
Resumen: Cuando se plantea la casación, ya se han pronunciado dos instancias jurisdiccionales sobre la conformación de los hechos y se ha satisfecho el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, conforme a las exigencias del proceso penal. La atenuante de reparación del daño prescinde del elemento subjetivo del arrepentimiento; es una atenuante "ex post facto". No se exige que la reparación se produzca antes de que el procedimiento se dirija contra el responsable. La reparación realizada durante el transcurso de las sesiones del plenario queda fuera de las previsiones del legislador, pero, según las circunstancias del caso, puede dar lugar a una atenuante analógica. Para estimar el motivo esgrimido al amparo del artículo 849.2 LECrim, la jurisprudencia exige que se designe un documento que, por sí mismo, y sin necesidad de otros acreditamientos en la materia, acrediten un hecho, o un error en la valoración de la prueba, y por tal no puede tenerse las declaraciones personales.
Resumen: La Audiencia absuelve a los acusados de los delitos de prevaricación administrativa, malversación caudales públicos, fraude en la contratación administrativa, blanqueo de capitales y falsedad documental. Los hechos se enmarcan en la relación de una empresa privada que presta servicios para un Patronato público. Legitimación para personarse en la causa como acusación particular del un Ayuntamiento, se excluye al no tener condición de perjudicado. Nulidad de actuaciones por nulidad del proceso de comprobación tributaria. Vulneración del derecho de defensa por discrepancia entre auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado y auto de apertura de juicio oral. Examen y valoración de la prueba practicada en relación a la ejecución fraudulenta del contrato. Análisis de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y de fraude en la contratación administrativa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Resumen: Las resoluciones dictadas acordando el secreto de las actuaciones determina que el plazo de instrucción deba computarse desde que se levante el secreto. Tanto a los ofendidos y perjudicados directa y personalmente por la acción material del delito, como, en su caso, a los no ofendidos pero sí perjudicados por el hecho punible, debe instruírseles la posibilidad de ser parte en el proceso. Las imposibilidad de recibir declaración a un acusado rebelde no es causa de indefensión para los demás acusados. El retraso en la citación en calidad de investigado no ha supuesto una vulneración de los derechos fundamentales de defensa. Entrega de dádivas y pago de servicios a Autoridades de Camerún y personas allegadas para consolidar la obtención de un contrato. Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales que no puede considerarse prescrito. No se consideran los hechos declarados probados como constitutivos de un delito de blanqueo ni de malversación de caudales públicos, ni de falsedad documental. No se aprecia simulación de documento. No se aprecia responsabilidad penal de la sociedad anónima al haberse producido los hechos antes de la entrada en vigor de la reforma que introdujo la extensión del régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables como delito de estafa. La exigencia de doble incriminación en la extradición no implica identidad de las normas penales de los Estados requirente y requerido. Se remite con la solicitud de extradición la documentación necesaria. La situación de guerra que se vive en territorio ucraniano es una cuestión que no corresponde valorar en la fase jurisdiccional de la extradición, sino en la fase gubernativa. La solicitud de asilo solo suspende la entrega mientras se resuelve el expediente administrativo.
Resumen: Sentencia absolutoria. Quebrantamiento del derecho a un proceso con todas las garantías: imparcialidad objetiva. Celebración del juicio oral estando pendiente de recurso la decisión de sobreseimiento libre subjetivo parcial dictado por el Instructor. Recurso en un solo efecto.
Resumen: Presidente de una Junta Vecinal que, precindiendo del procedimiento administrativo, excediéndose en el ejercicio de sus funciones y consciente de su ilegalidad, revocó la adjudicación del coto de caza que se había otorgado días antes en favor de otra persona según acuerdo de la Junta Vecinal, haciendo suyos los ingresos derivados de la explotación del coto de caza. De igual manera, el acusado abonó con dinero de la Junta Vecinal gastos que no le correspondían. Principio de presunción de inocencia. Delito de prevaricación administrativa, en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Declaración tesfical. Validez de la declaración sumarial del testigo que después no puede acudir al acto del juicio oral. Lectura de sus declaraciones. Delito de falsedad documental del que acusa la acusación particular, y del que se le absuelve al acusado. Atenuante de reparación del daño. Atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: En su comportamiento está presente un ánimo de enriquecimiento. Es obvio: no está facultado para por sí y ante sí, al margen de todo acuerdo regular, decidir que se le deben determinadas cuantías como gratificaciones por renuncia a vacaciones, horas extraordinarias u otros servicios. El recurrente, Secretario Interventor, por sus funciones y formación, ha de conocer perfectamente que no cabe esa autoasignación de gratificaciones por justas que puedan parecerle. Sin una aprobación a través de los procedimientos legales y por los órganos competentes, las cantidades no son debidas. El comportamiento podrá merecer un juicio más indulgente en la medida en que hay un propósito de compensar sobre-esfuerzos laborales que el jurado ha considerado acreditados. Pero eso ni anula el ánimo de enriquecimiento, ni neutraliza el delito de malversación, especialmente grave, como enfatizó el representante del Ministerio Fiscal en la vista, por venir perpetrado por quien por sus funciones está específicamente llamado a controlar y supervisar el manejo de fondos públicos; es agravante de su correcta asignación. El perjuicio causado es evidente: si no se debían esas cantidades, al hacerlas suyas el recurrente empobreció a la Corporación. Quien presta un favor a otra persona, sin pacto previo para una ulterior retribución, no queda por ello legitimado para sustraerle el dinero que suponga una, a su parecer, justa compensación.
Resumen: La Audiencia absuelve a los acusados de los delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil en relación con la contratación de obras por la Federación Andaluza de Fútbol. El tribunal no considera acreditado que los acusados falsearan facturas con el fin de recibir dinero por parte de la contratista de las obras o que acordase pactar precio diferentes a los reales con el fin de hacer suya la diferencia a costa de los haberes de la federación deportiva que los abonaba. Se rechaza la alegación de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva realizada por las defensas aludiendo a la nulidad del auto de apertura, ya que la motivación insuficiente que pudiera tener dicha resolución carece absolutamente de trascendencia en la fase de enjuiciamiento donde ambas partes han podido argumentar nuevamente las cuestiones planteadas. Se analiza el concepto de funcionario público en el caso concreto y el delito de malversación de caudales públicos, también los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en relación con la emisión de facturas comerciales. Prescripción de los delitos conexos. Análisis probatorio y necesidad de prueba suficiente de cargo que no concurre. Alteraciones de justificantes con el fin de lograr indebidamente una subvención.
